La magistratura italiana chiede l'arresto di Videla, Masseri e altri
140 torturatori
El país - Miércoles, 26 de Diciembre de 2007
LA JUSTICIA ITALIANA PIDIO LA CAPTURA DE 140 REPRESORES POR EL PLAN
CONDOR Casi un “dream team” de la represión Videla, Massera, el
uruguayo
Bordaberry y el chileno Contreras son algunos de los 140 represores a
los que la Justicia italiana pidió su captura y
extradición por la
desaparición de 25 ciudadanos de esa nacionalidad en el marco
del Plan
Cóndor. En Argentina, esa causa se elevó a juicio oral y
público hace
menos de un mes.
Los dictadores Jorge Rafael Videla y Emilio Massera, dos de los 61
argentinos requeridos por la Justicia italiana.
A menos de un mes de la elevación a juicio oral y público
de la causa
Plan Cóndor en la Argentina, la Justicia de Italia
solicitó el lunes la
captura y extradición de 140 militares y servicios de
Inteligencia
sudamericanos. El pedido incluye a los principales jerarcas de las
dictaduras que asolaron el Cono Sur en la década del ’70, como
el ex
presidente de facto Jorge Rafael Videla, el jefe de la Armada Emilio
Massera , el ex dictador uruguayo Juan María Bordaberry y el
jefe de la
DINA chilena Manuel Contreras, a quienes la Justicia italiana pretende
juzgar por la desaparición de 25 ciudadanos de esa nacionalidad.
La
medida de la jueza romana Luissana Figliola trascendió el mismo
día en
que se concretó el arresto, en Salerno, sur de Italia, del
capitán de
navío Néstor Fernández Tróccoli, ex miembro
del servicio de Inteligencia
de la armada de Uruguay.
“Es la primera vez que se hace un pedido tan masivo de represores de
tantos países, que da una idea acabada de la coordinación
represiva y de
la investigación que se realizó”, celebró desde
España el abogado Carlos
Slepoy. El titular de la Asociación Argentina Pro Derechos
Humanos de
Madrid consideró que la medida tendrá “un efecto de
repetición y
contagio” y contribuirá a “acelerar los juicios” en nuestro
país.
Las capturas fueron solicitadas originalmente por el fiscal del
Tribunal
Penal de Roma, Giancarlo Capaldo, quien conduce las investigaciones
sobre el Plan Cóndor desde 1998 a raíz de las denuncias
presentadas por
los familiares de italianos desaparecidos en América del Sur.
Según los
documentos recogidos por Capaldo, existen abundantes elementos que
prueban la colaboración entre los distintos regímenes
militares para la
eliminación de opositores políticos en el marco de la
Operación Cóndor ,
presuntamente ideada por el ex dictador chileno Augusto Pinochet.
El fiscal romano investiga los asesinatos de ciudadanos de origen
italiano como los uruguayos Armando Bernardo Arnone, Gerardo Francisco
Gatti, María Emilia Islas, Juan Pablo Recagno, Daniel Banfi,
Andrés
Domingo y Héctor Giordano, todos ellos desaparecidos en
Argentina.
También investiga el caso de los argentinos Horacio Campiglia y
Lorenzo
Viñas, desaparecidos en Brasil, y de Dora Landi y Alejandro
Logoluso,
detenidos en Paraguay.
El detonante de los pedidos de detención fue la detención
de Fernández
Tróccoli, de 60 años, ex miembro del servicio de
Inteligencia de la
Armada uruguaya (Fusna), quien fue arrestado el lunes en Salerno, sur
de
Italia, donde estaba radicado. El mismo lunes fue trasladado a una
cárcel de Roma y mañana la jueza Figliola le
tomará declaración
indagatoria por la desaparición de cuatro ciudadanos italianos.
El pedido de la Justicia italiana incluye a 61 argentinos, 7
bolivianos,
13 brasileños, 22 chilenos, 7 paraguayos, 4 peruanos y 32
uruguayos.
Seis de esos 146 represores ya fallecieron, incluido el dictador
chileno
Augusto Pinochet. Si bien no se conoce el detalle completo con los
nombres de los represores solicitados, se estima que en el caso
argentino muchos podrían estar actualmente procesados y
detenidos por la
Justicia local. El pedido quedó ahora radicado en el Ministerio
de
Justicia del gobierno italiano, que deberá activar la
búsqueda e
informar a los países de origen de los represores.
En la Argentina la investigación judicial del Plan Cóndor
comenzó con
una presentación en noviembre de 1999. Tras ocho años de
investigación,
el 28 de noviembre pasado el juez federal Sergio Torres –que
subrogó en
esa causa al ex juez federal Guillermo Montenegro, actual secretario de
seguridad del jefe de gobierno Mauricio Macri– consideró
concluida la
etapa de instrucción y resolvió la elevación a
juicio oral y público
contra 17 responsables argentinos de la Operación Cóndor
, incluidos los
generales Cristino Nicolaides, Luciano Benjamín Menéndez,
Eduardo
Harguindeguy, Ramón Díaz Bessone y Antonio Domingo Bussi.
“La cantidad de personas implicadas en los distintos países va a
tener
un efecto de repetición y contagio en los países
afectados por las
dictaduras”, advirtió Slepoy. “Las medidas adoptadas por
juzgados de
distintos países como Italia, España y Francia dan una
idea fehaciente
de que este tipo de criminales debe ser perseguido por todos los
tribunales y no podrán andar sueltos en ninguna parte del
mundo”, concluyó.
No es la primera buena noticia de 2007 surgida en Italia. En marzo la
Corte de Apelaciones de Roma condenó en ausencia a cadena
perpetua a los
marinos Alfredo Astiz, Jorge “Tigre” Acosta, Jorge Vildoza
(prófugo de
la Justicia desde 1987), Antonio Vañek y al prefecto
Héctor Febres
(quien murió envenenado el 10 de diciembre en su prisión
VIP de
Prefectura) por delitos de lesa humanidad contra italianos que fueron
vistos por última vez en la ESMA. Siete años antes, en
2000, la Justicia
italiana ya había condenado a cadena perpetua a los generales
Guillermo
Suárez Mason y Santiago Riveros.
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